//El Consejo se une a la satisfacción parcial de la profesión a nivel nacional ante el anuncio del presidente del Gobierno y exige la extensión de la exención a las pymes//
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León muestra su satisfacción parcial ante el anuncio del presidente del Gobierno de retirar las tasas judiciales para las personas físicas gracias a la lucha que la Abogacía ha liderado durante mil días junto a los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales.
No obstante, para evitar que miles de ciudadanos sigan sufriendo la violación de su derecho fundamental de acceso a la Justicia, la Abogacía reclama del Gobierno una solución transitoria inmediata que exima ya del pago de las tasas hasta que se apruebe por decreto ley. Además, los letrados continúan defendiendo que, dentro del paquete de medidas que tratan de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, la medida de supresión de las tasas se extienda también a las pequeñas y medianas empresas.
La Abogacía ha defendido siempre la derogación de la Ley. No obstante, tras más de dos años de barreras al ejercicio del derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos y de vulneración del derecho fundamental, esta medida supone acabar con una situación radicalmente injusta.
El presidente de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García Delgado, se felicita de que el ministro Catalá haya cumplido su palabra, dada personalmente el pasado mes de enero, durante una visita a León con motivo de la ampliación de los juzgados de Ponferrada.
Los abogados entienden que el Gobierno, al revisar las tasas, es consciente de que el Tribunal Constitucional podría aceptar total o parcialmente los argumentos de los cinco recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PSOE y por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias, y de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. También la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, estableció la no exigencia de tasas a los trabajadores.
