• A nivel nacional, se ha experimentado un descenso del 37% con respecto al mismo periodo de 2019, debido al estado de alarma declarado por la pandemia del COVID-19
  • Este Expediente, puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía Española, simplifica y acorta los plazos y evita desplazamientos y esperas

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 hubo 12.105 solicitudes de ciudadanos de Castilla y León para utilizar el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita. Esta herramienta, desarrollada por el Consejo General de la Abogacía Española para agilizar de forma segura el acceso a este derecho fundamental, fue utilizada a nivel nacional en el primer semestre de este año por 225.036 españoles.

Esta cifra supone un descenso del 37% respecto a la de usuarios que utilizaron el sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, en los seis primeros meses de 2019 (357.614 expedientes en el primer semestre del año pasado). La bajada en el número de expedientes está relacionada con el estado de alarma declarado por la pandemia de COVID-19. Las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita descendieron en todas las comunidades autónomas.

Este sistema ya conecta a más de 80 colegios de abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, así como con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia. Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan casi 46.000 abogados a través del Turno de Oficio 365 días al año, 24 horas al día.

Ventajas del expediente

El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas para el ciudadano, el abogado, el Colegio de Abogados y las Administraciones Públicas. En primer lugar, el ciudadano ve facilitado el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de la documentación, ya que evitará los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las administraciones competentes.

La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad. Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica, mejorando sus gestiones al reducir los plazos de obtención de la información y aumentando la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los colegios de abogados.

Por último, las administraciones públicas optimizan y aceleran el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y además reducen los posibles fraudes ante la administración optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión de este servicio a los ciudadanos.