//Abogados y procuradores han sido ubicados en 24 metros cuadrados situados en una sexta planta sin accesibilidad, entre la caldera y el cuarto de ascensores, en el edificio del INSS//
El Colegio de Abogados de Palencia ha denunciado ante el Ayuntamiento de la capital las indignantes condiciones del local que les ha sido asignado por el Ministerio de Justicia, en el edificio del INNS al que están a punto de ser trasladados de forma inminente los juzgados y Colegios de Abogados y Procuradores, en el Parque de los Jardinillos.
La Junta de Gobierno del Colegio ha decidido mostrar su indignación ante el traslado que tendrá lugar el próximo día 10 de marzo de las instalaciones de los juzgados, que afectará a todos los órganos judiciales de Palencia, salvo el Juzgado de lo Penal y los de 1ª Instancia e Instrucción número 1, así como su propia sede, que actualmente se encuentran en el Palacio de Justicia.
La Junta del Colegio ha adoptado esta decisión esta misma mañana, al comprobar las inadecuadas condiciones del local, en el que el Ministerio les obligará a permanecer durante las obras del edificio del Palacio de Justicia, que pueden prolongarse a lo largo de tres años.
Los funcionarios de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción números 2, 3 y 4 compartirán un espacio común de aproximadamente 100 metros cuadrados, completamente diáfano y sin empanelar, en la planta segunda del edificio, y los funcionarios de los Juzgados números 5, 6 y 7 estarán en igual situación en la planta tercera, en un espacio, en ambos casos, materialmente insuficiente para el normal desarrollo de su trabajo.
Pero más sangrante es, incluso, el caso de abogados y procuradores, a cuyos colegios profesionales ha asignado el Ministerio de Justicia un minúsculo local a compartir en la planta sexta, de 24 metros cuadrados, sin accesibilidad, -puesto que el ascensor no llega hasta allí-, entre el cuarto de maquinaria del ascensor y la caldera, al final de un tramo de escaleras que lo convierte en impracticable para personas con dificultades de movilidad, entre ellos algunos colegiados.
El espacio, además de tener en medio un depósito de vacío similar a un tanque de gasóleo, carece de calefacción, de cuartos de baño, y tiene una superficie aproximada de 24 metros cuadrados, espacio que deberán compartir abogados y procuradores, lo que convierte en materialmente imposible ubicar los armarios para togas, las fotocopiadoras o los cajetines de los Procuradores para sus notificaciones, entre otros muchos enseres necesarios para su trabajo.
Los abogados consideran que esta ubicación que les adjudica el Ministerio de Justicia, es «denigrante e insultante», aunque sea provisional, e imposibilita su labor, al margen de dar una imagen «penosa» de la Abogacía de la provincia para todo aquel que se acerque a sus dependencias.
El decano del Colegio, Santiago González, se interesa ante el Ayuntamiento de Palencia por la licencia de obra y pregunta si este ha dado el visto bueno a la ubicación de los servicios profesionales de abogados y procuradores «en un lugar al que no llegan los ascensores y al que las personas discapacitadas tienen imposibilidad de acceder», poniendo en entredicho que el espacio cumpla la normativa, y en concreto, el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras aprobado por el Decreto 217/2001 de 30 de agosto.
González señala, además, que el local es «a todas luces insuficiente para el desarrollo de las tareas profesionales» de su colectivo y el de los procuradores, a quienes «se ha obviado a la hora de decidir la distribución de los espacios, decisión adoptada por los servicios técnicos del Ministerio sin contactar en ningún momento con el colectivo para diseñar y establecer con garantías la ubicación en el nuevo edificio».
Por último, el decano lanza un llamamiento a la sociedad palentina, para que sea consciente de que «estas profundas deficiencias les afectarán por igual que a los profesionales», y al máximo responsable del Ministerio, Rafael Catalá, para que tome conciencia de que las condiciones que afectan negativamente en las provincias de toda España a la Administración de Justicia son igualmente importantes que las grandes decisiones sobre su cartera.
