El alcalde, el decano del ICAVA y el titular del Juzgado de Primera Instancia nº 12 recogen en Madrid el galardón concedido al Turno de Oficio de Segunda Oportunidad
- La iniciativa ha suscitado el interés de otros municipios como el de Laguna de Duero y se prevén contactos con el Consistorio de Medina del Campo y el Colegio de Abogados de Segovia
El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, el decano del Colegio de Abogados (ICAVA), Javier Garicano, y el titular del Juzgado de Primera Instancia número 12, Ignacio Martín Verona, recogen mañana miércoles, día 22, en Madrid, el premio Calidad de la Justicia concedido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con motivo de la pionera puesta en marcha del primer Turno de Segunda Oportunidad en España.
La candidatura presentada conjuntamente por las tres instituciones para el desarrollo de un Turno de Oficio de Segunda Oportunidad que permita a las familias en situación de insolvencia alcanzar una salida a su situación, fue merecedora del Premio ‘Calidad de la Justicia’ que otorga el CGPJ el pasado mes de diciembre en la categoría de “Justicia más accesible”.
Se trata de una iniciativa que, pionera en Valladolid, ya ha suscitado el interés de otros municipios que quieren contar con un turno de Segunda oportunidad para sus vecinos. “Ya hemos mantenido una reunión técnica con el Ayuntamiento de Laguna de Duero que quiere intentar ponerlo en marcha y tenemos previsto contactos con el Consistorio de Medina del Campo y el Colegio de Abogados de Segovia”, señala el vicedecano y responsable del Turno de Oficio del ICAVA, Javier Martín.
En la Memoria Justificativa de Méritos presentada por las tres entidades para optar al reconocimiento del Poder Judicial y firmada por el Ayuntamiento, el ICAVA y el magistrado Martín Verona, se señala que la idea de la innovadora puesta en marcha del Turno de Oficio de Segunda Oportunidad partió de la Exposición de Motivos de la Ley 25/2015 de 28 de julio, que determina como objetivo de esta norma “la instauración de un sistema que permita ofrecer a las familias en situación de insolvencia una salida al fracaso económico sin tener que arrastrar indefinidamente la losa de una deuda que nunca podrán satisfacer, y tratando de paliar el desigual trato que supone el sujetar a las personas físicas al yugo del principio de responsabilidad patrimonial universal proclamado en el artículo 1.911 del Código Civil, frente al régimen de responsabilidad limitada que rige para las personas jurídicas”.
La Memoria de la candidatura incidía en que «existía un profundo desconocimiento de la existencia de ese procedimiento de segunda oportunidad por parte de la ciudadanía, y además afectaba a un sector de la población de la que podría considerarse clase media, padeciendo quienes se encontraban en esa situación de grave crisis económica cierto pudor y vergüenza en reconocer la misma y acogerse a este mecanismo».
En este sentido, la candidatura se fundamentó en la existencia en Valladolid de expertos y conocedores de las posibilidades de la Ley, que impulsados por el magistrado Martín Verona y el letrado del ICAVA, Jesús Guinea, pusieron en marcha el procedimiento al que se incorporaron el responsable del Turno de Oficio del ICAVA, Javier Martín, y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Rafaela Romero.
La concejala, afirma la Memoria, «asumió de inmediato el compromiso de que, aún en tiempos de crisis institucional, había que hacer el esfuerzo, económico y de personal, que fuera necesario para poder poner en marcha ese Turno de Segunda Oportunidad, esfuerzo que significaba una triple implicación y compromiso: (1) del Ayuntamiento, a través de sus Centros de Acción Social, para la detección de las personas y familias que pudieran estar en una grave situación económica que pudiera ser merecedora de una segunda oportunidad; (2) de los Juzgados, trasladando al Ayuntamiento los supuestos que se detecten para su tramitación; y (3) del ICAVA, a través de sus letrados, que debían contar con una formación específica en la materia para poder prestar ese adecuado asesoramiento».
Como resultado del acuerdo, se firmó un convenio de colaboración en abril de 2016 por el que el Ayuntamiento contrataba con el ICAVA el servicio de asesoramiento jurídico y atención legal a personas físicas del municipio de Valladolid que se encuentren bien en graves dificultades económicas para cumplir regularmente con sus obligaciones de pago, o en situación de insolvencia, ya sea actual o inminente.
Al Turno de Oficio de Segunda Oportunidad se inscribieron más de 60 abogados de Valladolid, y desde su puesta en marcha, en septiembre, se han presentado 9 solicitudes de personas en la situación definida por la normativa.
En las últimas semanas, otros ayuntamientos como los de Laguna de Duero, Medina del Campo o Segovia han mostrado su interés en replicar el modelo.
