//El convenio de Familia definía el número de horas que cada Colegio de Abogados debía atender a las víctimas de violencia
//Los abogados señalan que Milagros Marcos “realiza afirmaciones distantes de la realidad” y no es consciente de las negativas consecuencias de su decisión para las mujeres, a las que somete a “un peregrinaje”
El Colegio de Abogados de Valladolid sale al paso de las manifestaciones recogidas en distintos medios de comunicación y atribuidas a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, respecto de las causas de la no renovación del Convenio de Asistencia a víctimas de violencia de género suscrito con el Consejo Regional de la Abogacía de Castilla y León.
El ICAVA señala que la consejera ha realizado afirmaciones “distantes de la realidad” que ponían, además, en duda la profesionalidad de los abogados que prestaban dicho servicio, señalando que el servicio que se estaba realizando arrojaba “deficientes resultados”, y que se estaba siendo poco flexible en los horarios en los que se atendía a las víctimas.
En este sentido, el Colegio de Abogados de Valladolid aclara, en primer lugar, que era el propio convenio el que señalaba el número de horas de prestación de esa asistencia para cada Colegio de la Comunidad Autónoma, es decir, que era precisamente el departamento de la consejera Milagros Marcos el que decidía ese extremo.
En segundo lugar, el ICAVA desea dejar clara la diferencia entre el programa de información y asesoramiento jurídico dirigido a mujeres víctimas de violencia de género que era objeto del convenio, y el turno de oficio de asistencia a víctimas de violencia, mediante el que los abogados asesoran a las víctimas de malos tratos y agresiones por parte de sus parejas desde el momento inmediato anterior a la presentación de la denuncia ya en dependencias policiales y que está de guardia 24 horas al día los 365 días del año.
De este modo, al margen de que, por supuesto, la no renovación del convenio no supondrá que se deje de prestar ese imprescindible asesoramiento a las víctimas desde el turno de oficio con la misma eficacia y profesionalidad, hay que distinguir las 117 mujeres a las que se asesoró en el Colegio vallisoletano durante las horas fijadas por la Consejería en el SOJ (Servicio de Orientación Jurídica) de Violencia de las 542 mujeres que fueron atendidas a través del turno de oficio de violencia de género de Valladolid.
La asistencia a las mujeres desde el turno de oficio supone para el abogado su designación automática para la defensa de la víctima, no solo en ese proceso penal que se pueda iniciar tras la denuncia, sino para cualquier procedimiento civil, penal, social, e incluso administrativo que tenga causa directa o indirecta en la violencia padecida, resultando además la víctima, por su condición de tal, beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita en los diferentes procedimientos que se inicien, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos económicos, siempre y cuando solicite el derecho y hasta tanto no finalice el proceso penal sin declaración de responsabilidad penal del presunto maltratador o agresor, de acuerdo con la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que entró en vigor en febrero de 2013.
Esa asistencia a las víctimas en el turno de oficio, insiste el ICAVA, no debe en ningún caso confundirse con la orientación y asistencia que se efectuaba a través del convenio no renovado para este año 2014, y que, lejos de carecer de la falta de flexibilidad horaria que criticaba Milagros Marcos, se prestaba en las oficinas del Colegio de Abogados de Valladolid, como en el resto de Colegios de Castilla y León, durante las horas fijadas y establecidas por la propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, atendiéndose durante el año 2013 a través de dicho servicio en este Colegio un total de 117 mujeres, del total de 456 atendidas en toda Castilla y León.
Más aún, señala el Colegio de Abogados de Valladolid, no debe desde luego bajo ningún concepto servir la cantidad de asistencias prestadas a través de este servicio para hablar de “deficientes resultados”, ya que en una materia tan delicada como es la violencia de género lo determinante es la calidad en la prestación del servicio, y no la cantidad, que no sería más que el reflejo de un incremento en el maltrato a la mujer, algo de lo que la Consejería, seguramente, no desearía tener que felicitarse.
Sin entrar en las formas, aspecto al que ya se refirió el presidente del Consejo Regional de la Abogacía, Fernando García Delgado, desde el Colegio vallisoletano se “critica abiertamente la deslealtad institucional que supone el contratar la prestación de un servicio de atención jurídica a un colectivo especialmente sensible, y por tanto digno de una mayor protección, a una asociación de carácter privado, ajena por ello al control que solo puede llevar a cabo una corporación de derecho público, como lo son los Colegios de Abogados”.
El ICAVA va más allá, afirmando que “la Consejería no ha valorado, antes de adoptar esta decisión, el peregrinaje a que este cambio someterá a las víctimas de violencia de género, que en última instancia deberán solicitar el derecho a la asistencia jurídica gratuita ante los Colegios, únicos competentes para iniciar y tramitar los expedientes”.
En definitiva, concluye el Colegio vallisoletano, la decisión de la consejera de Familia “no sólo es criticable por el colectivo de la Abogacía, sino que supondrá en última instancia un perjuicio para quienes precisamente son el objeto de protección a través de ese convenio, que no son otras que las víctimas de la violencia machista”.
El Colegio insta a la Consejería a reconsiderar su decisión y retomar las negociaciones con el Consejo Regional de la Abogacía, “aunque solo sea pensando en la protección a este segmento social desfavorecido y con la única finalidad de remar todos en la misma dirección”.
