• La abogacía de Castilla y León exige el final de la huelga en la Administración de Justicia y un preaviso de 24 horas de las suspensiones para evitar gastos y desplazamientos tanto a los profesionales como a la ciudadanía
  • El Consejo traslada al fiscal del TSJCyL, Santiago Mena, la necesidad de la presencia de los fiscales en los partidos judiciales, el acceso al expediente en la fiscalía de menores, y las conformidades y su reconocimiento en el acto del juicio

Los principales representantes del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) se han reunido hoy en Burgos para mostrar en un manifiesto, que cuenta con el apoyo del Consejo Regional de Procuradores de Castilla y León, el descontento de los profesionales de la Comunidad con la situación judicial actual, provocada por la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. La principal exigencia del colectivo es que las partes lleguen inmediatamente a un acuerdo y reclaman un preaviso de 24 horas de las suspensiones para evitar problemas tanto a los abogados como a la ciudadanía. El CACYL trasladará estas peticiones al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), Santiago Mena, durante la reunión que mantendrán a lo largo de la mañana para tratar temas como la necesidad de la presencia de los fiscales en los partidos judiciales o el acceso al expediente en la fiscalía de menores, entre otros.

“La situación que vivimos desde principios de año, consecuencia de la sucesión de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y la de los funcionarios, nos obliga a actuar y exigir su fin de inmediato, por el bien de los ciudadanos y también de los profesionales que trabajamos cada día por defender sus intereses”, señala el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, quien hace un llamamiento a “la responsabilidad de las dos partes implicadas en la solución del conflicto: funcionarios y Ministerio de Justicia”.

Desde el Consejo de la Abogacía de Castilla y León muestran su respeto a las reclamaciones de mejoras laborales y salariales, pero advierten de que “siempre debe prevalecer el interés general y el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva, ante la situación de bloqueo y paralización del funcionamiento de los órganos judiciales”.

24 horas de preaviso

El manifiesto del CACYL recoge la petición de un preaviso mínimo de 24 horas de las suspensiones para evitar inconvenientes innecesarios, gastos y desplazamientos a las sedes judiciales. “Los ciudadanos son los más afectados, pero también los abogados, que en los últimos meses han sufrido pérdidas críticas en sus ingresos y en los del personal de sus despachos”, explica Julio Sanz.

Por otra parte, el reconocimiento de la profesión y la mejora de las condiciones de prestación de la justicia gratuita, con una retribución digna, que reconozca y compense todas las actuaciones e intervenciones derivadas del turno de oficio, son otras de las exigencias de la abogacía de Castilla y León. “Nuestro colectivo siempre ha demostrado la máxima lealtad y colaboración en la mejora de este servicio público y realizamos cada día una labor social esencial”, concluye el presidente del CACYL.

Reunión con Santiago Mena

El contenido del manifiesto será uno de los temas que los representantes del Consejo trasladen al fiscal del TSJCyL durante su reunión de hoy. En el orden del día también estará la necesidad de la presencia de los fiscales en los partidos judiciales, el acceso al expediente en la fiscalía de menores, las conformidades y su reconocimiento en el acto del juicio, y las posibles actuaciones ante los querulantes de justicia gratuita.