• El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Julio Sanz Orejudo, acudió al acto celebrado en Burgos

 

  •  El presidente del TSJCyL celebra el buen funcionamiento de la Justicia durante la pandemia, algo que ha hecho posible corregir las equivocaciones de los poderes públicos en la gestión de la crisis

 

La solemne apertura del año judicial 2021-2022 en Castilla y León ha tenido lugar este viernes en el Palacio de Justicia de Burgos. El acto, que han seguido presencialmente 70 personas y cerca de 300 a través del canal del alto tribunal en YouTube, ha sido presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, y en el mismo también ha intervenido el fiscal superior de la comunidad, Santiago Mena.

Concepción ha alertado en su discurso de que la plena independencia que exhiben los jueces a la hora de resolver los conflictos se ve “empañada muchas veces por esa apariencia de contaminación política que refleja el Consejo General del Poder Judicial por virtud del pecado original de su designación”. “Las fuerzas políticas representadas en las Cámaras, ajenas al parecer al deterioro institucional que su inactividad está provocando y más preocupadas en atender a razones de oportunidad política, están posibilitando que el actual Consejo continúe en funciones con la consiguiente quiebra del mandato constitucional que ello conlleva”, ha recalcado.

El presidente del Tribunal Superior de Castilla y León ha señalado que, si la carrera judicial fuera la encargada de designar a sus propios representantes, “las renovaciones se producirían en el plazo que marca la Constitución, por cuanto el mecanismo sustitutorio se abriría de manera automática sin necesidad de esperar los consensos y las conveniencias más propias en otros ámbitos de la vida pública”. Concepción ha subrayado además que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben observar una “exquisita neutralidad” ante a la actividad judicial. En este sentido, ha manifestado que “siempre es reprochable la prerrogativa de gracia, por cuanto supone una intromisión indeseada del Ejecutivo en las tareas propias del Judicial”.

“Mucho más, como ha sucedido tristemente en un pasado muy próximo, si el indulto está explicado sobre la idea de una supuesta concordia, al parecer, inalcanzable tras una decisión judicial a la que se ha llegado por la sola vía de aplicar la Ley; como si la acción de la Justicia fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas”, ha enfatizado. Volver a la presencialidad Por otro lado, el presidente del TSJCyL ha querido tener un recuerdo especial para las víctimas de la pandemia y sus familias, y ha lamentado el impacto negativo que la crisis sanitaria y económica ocasionada por el Covid19 ha tenido sobre el Estado social y democrático de derecho llegando incluso a paralizar gran parte de la actividad judicial. Concepción ha aludido a que, para hacer frente a esta situación, la Administración de Justicia tuvo que adoptar una diferente forma de trabajar con servicios mínimos, teletrabajo, cita previa, limitación de aforos en las salas de vistas y deliberaciones a través de la videoconferencia.

Sin embargo, según el magistrado, llegado el momento actual dichas medidas no deben perpetuarse. “La publicidad de las actuaciones judiciales, la inmediación y la atención del servicio público exigen seguir utilizando esos remedios puntuales que nos ayudaron a paliar el problema tan solo de un modo complementario y no sustituir por ellos la presencia en el órgano judicial o los juicios presenciales, siempre más garantistas que los que se pueden llegar a celebrar a través de mecanismos telemáticos”. A pesar de todos los problemas derivados de la pandemia, el presidente del
alto tribunal ha puesto en valor el funcionamiento de la Justicia, que “ha vuelto a ser uno de los pilares básicos de la sociedad corrigiendo, si no las arbitrariedades, al menos sí las posibles equivocaciones en las que han podido incurrir los restantes poderes públicos”.

“El adecuado equilibrio que impone nuestro Estado de Derecho exige que los jueces deban estar en ocasiones como ésta más alerta que nunca para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos”, ha destacado recordando que “decisiones administrativas limitativas han sido revocadas por miembros del Poder Judicial si no se ajustaban estrictamente a la legalidad”.
Reconocimiento al mérito El acto de apertura del año judicial -al que además de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios han asistido autoridades civiles, militares y académicas- también ha acogido un reconocimiento a Andrés Saiz, ayudante de Gestión y Servicios Comunes de la Secretaría de Gobierno del TSJCyL.

Saiz ha recibido de manos del presidente la Medalla de Bronce al Mérito a la Justicia de la Orden de San Raimundo de Peñafort concedida recientemente por el Ministerio de Justicia. Concepción ha dicho de él que es una persona “siempre dispuesta a ayudar a cualquiera acometiendo cotidianamente funciones que exceden de sus atribuciones competenciales, dada su superior formación y su enorme disposición a colaborar en todos los proyectos que se le proponen”.