200 abogados han asistido a uno de los acontecimientos de mayor importancia dentro del mundo penitenciario, que se ha celebrado durante dos jornadas en León.

  • Se ha reivindicado el papel de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria

Importante encuentro penitenciario en la ciudad de León, donde 200 abogados participaron en las ponencias, mesas redondas y talleres de las XIX Jornadas de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria.

Allí se reivindicó el papel de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, y se puso de manifiesto que aún existen al menos 19 centros penitenciarios que carecen de ellos, cuando resultan imprescindibles para garantizar los derechos de las personas presas. Y es que tales servicios son públicos y, por tanto, deberían estar sufragados con cargo a los presupuestos de justicia gratuita. La primera comunidad autónoma en aprobar el que así sea ha sido Aragón; las Cortes de Aragón lo han hecho con la Ley 9/2017 de 19 de Octubre. Los abogados consideran que hay que trabajar para incluir estos servicios en los reglamentos de justicia gratuita de cada comunidad autónoma.

Durante estas jornadas se conoció que España es uno de los países de Europa donde aún se incumplen varias exigencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), ya que se accede en escasas ocasiones a su amparo para recabar la protección de los derechos de los presos. Por esta razón se concluyó, en este foro, que debe haber una mayor difusión y formación sobre el acceso al TEDH para los abogados, tanto desde el Consejo General de la Abogacía como desde los colegios de abogados.

Al tiempo, durante las jornadas se constató que la mujer, en este ámbito, soporta una situación de desigualdad respecto a la población penitenciaria masculina; razón de más para adaptar las prisiones a las necesidades del colectivo femenino, fundamentalmente en materia de salud, educación y empleo.

En su documento de conclusiones, los abogados resaltaron como preocupantes los casos de aquellos presos que están en situación de máximo castigo, cumpliendo sus condenas en régimen de primeros grados. Se determinó como un fracaso para la sociedad el no haber avanzado en la situación de estas personas, porque se está incumpliendo la premisa del artículo 25.2 de la Constitución Española sobre las exigencias de reeducación y resocialización de las penas privadas de libertad.

Estos encuentros sirvieron, así mismo, para continuar un trabajo que se hace desde años en la necesidad de implantar un protocolo de acceso directo a los centros de inserción social a la hora de cumplir con condenas cortas.

El informe de conclusiones agradece la presencia del representante del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, del Defensor del Pueblo, que demuestra las deficiencias sobre el uso de las contenciones mecánicas en prisión, recomendando se lleven a efecto las actuaciones oportunas para que estas recomendaciones sean una realidad.

En cuanto a los medios de comunicación, es imprescindible una mayor concienciación y tratamiento de la situación de las realidades de las personas presas, así como del medio penitenciario. Para ello hay que evitar confundir al usuario con ideas farragosas y huir de los estereotipos. Es fundamental sacar las prisiones de la oscuridad y acercarlas a la sociedad que las ha creado y regulado.