Cada día la abogacía es más abogacía social. El último barómetro del Observatorio Anual de Justicia Gratuita así lo recoge. En Castilla y León continúa creciendo el número de solicitudes, en 2018 se ha atendido un 5% más de asuntos con respecto al año anterior, y casi la mitad de los abogados que ejercen en nuestra Comunidad están adscritos a los turnos de oficio y asistencia jurídica gratuita que gestionan los colegios de abogados con encomiable esfuerzo. Un servicio público que tiene como objetivo ayudar a las personas que tienen recursos económicos limitados __o carecen de ellos__ para que puedan acceder a la justicia, tanto para acusar como para defenderse, como demandante o como demandado, y, así, hacer real y efectivo el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.
Los abogados, fieles a nuestra historia y la de quienes nos precedieron, ejercemos esta función __que nos es propia__ de defensa, consejo y asesoramiento a las personas más vulnerables. Y lo hacemos con todo nuestro oficio, experiencia y enorme responsabilidad, además de con un sentimiento muy arraigado de estar cumpliendo por mandato legal una importante labor de servicio público y de contribución a la convivencia y paz social.
No actuamos los abogados guiados por un afán o interés crematístico, ya que la precaria retribución que nos asigna el Estado de 142 euros de media por expediente en las actuaciones profesionales ante los Tribunales de cualquier orden jurisdiccional (penal, civil, familia, mercantil administrativo, etc….) desde luego no justifica el alto número de compañeros que ejercen y desarrollan parte de su actividad en esta importante función social, que nos permite compartir día a día los problemas y conflictos de los ciudadanos y el acceso de estos a los tribunales de justicia. Tales cuantías señaladas, así como las que contemplan los baremos de asignaciones económicas por las actuaciones profesionales ante los tribunales, son indignas e impropias de un país avanzado y moderno que presume con sus gobernantes y políticos de la importante labor que desarrollan los abogados del turno de oficio.
Hoy, en nuestra Comunidad Autónoma, la abogacía de oficio desarrolla su actividad en despachos unipersonales o compartidos entre uno y tres abogados, en su mayoría con un bagaje profesional importante. La dedicación y atención que se prestan a los asuntos del turno de oficio es igual, si no superior, a la de otros de libre designación, lo que implica un importante compromiso de los abogados con las personas a quienes atienden, siendo los asuntos que reciben de una importancia y connotación social de primer orden, como se puede comprobar en cualquiera de los asuntos más recientes de resonancia social y mediática, sin dejar de lado los que discurren en el anonimato.
No es fácil ser abogado de oficio, pues se trata de una labor que exige una enorme responsabilidad, generosidad a raudales, no poca sensibilidad, escuchar, sentir, ponerse en la piel del justiciable, esfuerzo, dedicación para ejercer el derecho a la defensa e importantes dosis de paciencia y entrega, puesto que los derechos y libertades de las personas que tenemos que atender nos requieren un plus de atención para hacer nuestro trabajo con rigor y profesionalidad, y no siempre __o por no decir casi nunca__ en igualdad de armas con otros profesionales que intervienen en el proceso.
Por eso vamos a seguir reivindicando la dignidad que merece la abogacía de oficio y sus justas pretensiones, porque una remuneración acorde a su función y trabajo, que retribuya las actuaciones profesionales y la labor que se realiza, es una cuestión de dignidad y de decencia de este viejo y noble oficio de abogar; como también lo es solicitar que los poderes públicos reconozcan de verdad la situación harto conocida de este sector profesional que tanto hace, ayuda y contribuye al Estado de derecho y que los ciudadanos reconocen con satisfacción en los barómetros de opinión social.
Una abogacía cada día más social y más demandada por la ciudadanía, como apunta el crecimiento de las solicitudes; una abogacía de compromiso social, implicada en la defensa de las personas con recursos económicos limitados; una abogacía comprometida con las medidas de igualdad de género y de atención a los migrantes y desplazados; una abogacía que actúa en defensa de los derechos humanos; una abogacía que quiere seguir contribuyendo con el trabajo y compromiso profesional de los abogados a mejorar nuestro Estado de derecho, que navega en un mundo en permanente transformación a la que no es en absoluto ajena.
No hay vuelta atrás en estos compromisos. Hoy los abogados queremos ser protagonistas de un mundo mejor, por eso defendemos el sistema de asistencia jurídica gratuita, con el compromiso de participar en su mejora y en la reforma del marco regulatorio de los servicios que presta la abogacía a través del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita. Así como la actualización de los criterios para acceso de los ciudadanos a los servicios, la mejora de los baremos retributivos y la ampliación de estos a la realidad del trabajo que se desarrolla en cualquier lugar y rincón de este país.
Por nuestra parte seguiremos actuando con rigor y honestidad, cumpliendo nuestra función y exigiendo y reivindicando a nuestros gobernantes y poderes públicos el reconocimiento y la dignidad que merecen los abogados del turno de oficio.
Julio Sanz Orejudo
Presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León
