*El ministro responde así a la carta enviada por el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León en la que se reclamaba el mantenimiento del statu quo actual en lo que se refiere a la ubicación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, asegura en una carta remitida al presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, que «en modo alguno está prevista la supresión de ninguna infraestructura judicial en funcionamiento» en la región, y añade que «en todo caso, serán la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y la Consejería de Presidencia en nombre de la Junta de Castilla y León, quienes tendrán que acordar el uso que se va a dar a cada una de las sedes judiciales».
Gallardón se expresa así en respuesta a otra misiva enviada hace unos meses por el presidente de los abogados castellano-leoneses tras el acuerdo adoptado por el Consejo el verano pasado reclamando el mantenimiento del statu quo actual en lo que se refiere a la ubicación de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad Autónoma.
En aquella carta, los consejeros del CRACYL recordaban que la sede del Tribunal Superior de Justicia y su Presidencia están establecidas por la Ley Autonómica de Sedes de la Junta de Castilla y León en la ciudad de Burgos, considerando innecesario el replanteamiento que propone el anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta Judicial sobre este particular.
El ministro responde en una carta de dos folios en la que afirma que «el Ministerio de Justicia no ha adoptado todavía una postura definitiva» respecto a la modificación del «sistema actual de demarcación judicial, basado en el partido judicial», modificación que califica como «necesaria», puesto que la actual está basada en «una estructura heredada del siglo XIX».
Gallardón señala que se ha marcado el plazo de «antes de que finalice este año» para la elaboración del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y de Demarcación y Planta, y se muestra abierto al debate y diálogo en este sentido.
Sin embargo, insiste en los Tribunales de Instancia de ámbito provincial como base del nuevo modelo, tribunales que, afirma, «asumirán las funciones de las Audiencias y los jurados unipersonales, predominando el criterio de la flexibilidad para la reordenación del mapa judicial, y no la rigidez como hasta ahora, donde la territorialidad ha sido el único criterio».
Por último, el ministro muestra su comprensión acerca de la especial idiosincrasia de Castilla y León, territorio «de gran dispersión, donde las sedes judiciales son elementos de vertebración social» y reconoce que será de su «especial interés» la posición de la Junta con respecto a la sede del Tribunal Superior de Justicia», que promete tener en cuenta.
