Los abogados apelan al derecho universal a litigar y advierten de que el cambio de criterio pone en riesgo una ejemplar estructura organizativa y única en Europa
El Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León se suma a la demanda de la Abogacía Española que reclama al Gobierno la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al Turno de Oficio. Para el CRACYL se trata de una decisión que “cuestiona” la Justicia Gratuita como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de recursos para litigar. “Éste no es un servicio libre ni en su contratación ni en su precio, sino un servicio público de carácter social, sin elección de cliente, con baremos previamente fijados por cada una de las Administraciones competentes, encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía institucional”, advierten sobre este servicio que organizan y prestan sus colegios profesionales en toda España a través de 43.000 abogados de oficio, 24 horas al día y 365 días al año.
La reclamación de la Abogacía surge tras el cambio de criterio interpretativo, respecto al vigente desde 1986 que se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-534/16, donde se cuestiona el sistema fiscal existente en Bélgica, basado en un régimen de naturaleza distinta al modelo público español y, por tanto, no aplicable a España. “Sin embargo, este nuevo criterio interpretativo se aplica ya en nuestro país desde el pasado 26 de enero con una celeridad poco frecuente y obligando a los abogados a entregar una factura al beneficiario de la Justicia Gratuita, cuyo pago del IVA no efectuarán ni el beneficiario ni el abogado, sino las Administraciones públicas competentes, tal y como se ha visto obligada a aclarar la propia Agencia Tributaria”, precisan.
Aumento de la burocracia
Para el Consejo de Castilla y León, este aumento del gasto en un 21% no sólo “pone en riesgo” el sistema público vigente que garantiza el acceso a la justicia en España en condiciones de igualdad para todas las personas, sino también su “ejemplar” estructura organizativa. “Además, la medida no sólo aumenta profundamente la burocratización del servicio y el trabajo de quienes lo prestan, sino que supone un cargo extraordinario a las arcas de las Administraciones públicas de más de 50 millones de euros anuales, sin necesidad alguna y sin beneficio real para el ciudadano”, explican.
La Abogacía Española, advierten, tiene la obligación de garantizar la prestación continuada del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, así como su calidad y, en definitiva, el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos para litigar (artículos 24 y 119 de la Constitución). La prestación de la Justicia Gratuita por los abogados del Turno de Oficio se convierte en un “auténtico deber cívico”, según las palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia de 23 de noviembre de 1983, asunto Van der Mussele contra Bélgica, 8919/80), por lo que “no está sujeta a IVA».
Asistencia asegurada
En cuanto a los ciudadanos beneficiarios de este servicio, desde el CRACYL aseguran que “pueden estar tranquilos” porque la Abogacía “no les dejará nunca desasistidos”. La Abogacía pondrá en marcha todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los abogados del Turno de Oficio. “Poniendo en peligro la prestación de la Justicia Gratuita afectamos la esencia de uno de los pilares del Estado de Derecho”, concluyen.
