El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Julio Sanz Orejudo, ha remitido una carta a los secretarios generales de los partidos políticos de la Comunidad para solicitar su apoyo a la petición de que la Consejería de Economía y Hacienda incluya a los mutualistas de la abogacía en los préstamos del Instituto para la Competitividad de CyL (ICE). El CACYL remitió esta solicitud hace unas semanas al consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, donde explicaba que los abogados en régimen de mutualidades cumplen con una cobertura social obligatoria conforme a ley, como alternativa al RETA.
La pandemia del COVID-19 está generando graves consecuencias en el colectivo de la abogacía, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico. «Estas secuelas con seguridad se acrecentarán en un futuro inmediato a causa del parón de la actividad judicial casi al completo desde la declaración del estado de alarma», destaca Julio Sanz en la carta dirigida a las formaciones políticas. En la misiva, el presidente del CACYL hace referencia también a la profesionalidad y el compromiso que han demostrado los letrados de la Comunidad durante la crisis sanitaria para garantizar el derecho a la defensa, exponiéndose al contagio.
«La exclusión de la abogacía de las medidas acordadas supone una inexplicable discriminación de nuestro colectivo y de otros profesionales colegiados, dándose la circunstancia de haber sido atendidas las mismas peticiones por otras comunidades», concluye Julio Sanz.
