- Las comisiones provinciales, la implantación de los tribunales de instancia y el funcionamiento de las oficinas de justicia en el municipio, entre los temas expuestos
- Fernando Rodríguez Santocildes representa al CACYL en esta nueva estructura, que tiene como misión analizar el funcionamiento de los órganos judiciales de la Comunidad
El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Fernando Rodríguez Santocildes, y la secretaria del CACYL y decana del Colegio de la Abogacía de Burgos, Mónica Pérez Villegas, han asistido este viernes a la reunión para la constitución de la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia en Castilla y León, celebrada en el Palacio de Justicia de Burgos. Este órgano nace al amparo de los artículos 434 bis y 434 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y tiene como finalidad convertirse en un espacio estable de análisis, coordinación y mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia en el ámbito autonómico.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJCyL), Ana del Ser, ha presidido y constituido la Comisión Autonómica para la Calidad del Servicio Público de Justicia, que ha abordado asuntos como la constitución de las comisiones provinciales, la implantación de los tribunales de instancia y el funcionamiento de las oficinas de justicia en el municipio.
La reunión, que ha tenido lugar en el Palacio de Justicia de Burgos, ha contado también con la asistencia del fiscal superior de Castilla y León, de la secretaria de gobierno del TSJCyL, de representantes del Ministerio de Justicia, así como de los colegios profesionales y de los sindicatos.
Un espacio estratégico
En esta primera reunión han estado representados distintos actores del sistema judicial, entre ellos la abogacía, cuya participación es considerada clave para aportar la visión de quienes ejercen de manera directa en los juzgados y tribunales. Rodríguez Santocildes ha reiterado la “firme disposición” de la institución para colaborar activamente en el seno de esta comisión y ha subrayado que se consolida como “un espacio estratégico para velar por la excelencia y la mejora continua de la administración de justicia en la comunidad autónoma”. Se trata de una iniciativa cuya constitución se produce a instancia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, y que refuerza la cooperación institucional entre los diferentes operadores jurídicos.
La Comisión tiene como misión analizar indicadores de gestión para normalizar los niveles de calidad, con el objetivo de impulsar la mejora constante y la eficiencia operativa de la Administración de Justicia, prestando especial atención a la accesibilidad universal y al grado de satisfacción de las personas usuarias del sistema judicial.
En la próxima jornada de trabajo de la Comisión Autonómica, que tendrá lugar en el mes de junio, se repasarán de manera pormenorizada los temas tratados en esta primera toma de contacto y, además, se analizarán los informes sobre la calidad del servicio público elaborados en las reuniones provinciales.
Nuevo modelo organizativo
La puesta en marcha de esta comisión responde a la necesidad de acompañar y supervisar la implantación del nuevo modelo organizativo judicial, evaluando su impacto práctico y detectando posibles disfunciones desde una perspectiva transversal. Entre sus principales objetivos figuran la identificación de incidencias e irregularidades en la nueva organización judicial, así como la propuesta de soluciones consensuadas que permitan garantizar un servicio público de justicia eficaz, accesible y de calidad para la ciudadanía.
En el marco de la Ley Orgánica 1/2025, la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia se concibe como un instrumento clave de cogobernanza y mejora continua, orientado al análisis de datos y a la fijación de estándares homogéneos de calidad en todo el territorio. Entre sus funciones se incluye la elaboración de informes periódicos basados en indicadores objetivos sobre la eficiencia, la accesibilidad y la calidad del servicio, así como la incorporación de encuestas de satisfacción de las personas usuarias.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, además, una organización territorial en tres niveles —estatal, autonómico y provincial— para asegurar una cobertura integral del sistema. Las comisiones autonómicas, presididas por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, elevarán sus informes a la Comisión Estatal para su consolidación y análisis global, y podrán promover la constitución de comisiones de ámbito provincial cuando la situación lo requiera. Todo ello refuerza el control, la coordinación institucional y la mejora continua del funcionamiento de la Administración de Justicia en Castilla y León.
