Cerca de 400 personas asistieron ayer a la inauguración del IV Congreso de la Abogacía de Castilla y León, un encuentro organizado por el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), que se celebrará en el Fórum Evolución de Burgos hasta mañana, 11 de marzo. El presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, destacó durante el acto la necesidad de dotar de medios a la justicia, que debe ser «moderna, respetuosa y avanzada para garantizar la efectividad de los derechos de los ciudadanos». En este evento, que retoma su andadura tras la cancelación de 2020 debido a la pandemia del COVID-19, se debatirán temas como la territorialidad, el turno de oficio, las nuevas tecnologías y la comunicación.
En la inauguración intervinieron también la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez; el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez; y el decano del Colegio de Abogados de Burgos, Guillermo Plaza.
La territorialidad protagoniza uno de los bloques temáticos del congreso, aspecto que destacó Julio Sanz Orejudo durante su intervención: «Debatiremos sobre la nueva realidad legislativa propuesta por el Gobierno, que va a afectar al funcionamiento, organización y eficiencia de la justicia en su actividad diaria, al trabajo de los abogados y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos». Y precisamente sobre esa protección de los derechos de la sociedad insistió el presidente del CACYL al recordar la importancia del lema de la cita burgalesa, ‘La abogacía, la mejor defensa’, y la gran labor de los letrados del Turno de Oficio, que debe verse reflejada en «una actualización ineludible de la Ley de Justicia Gratuita».
«La abogacía no es un oficio sin alma. Una de nuestras funciones es humanizar el derecho porque tras el conflicto siempre hay personas», expuso con convicción Julio Sanz Orejudo en el acto de inauguración. Siempre poniendo al ciudadano y sus derechos en el centro de su discurso, lanzó una petición a la Junta de Castilla y León para mantener los convenios suscritos con el CACYL en materia de violencia de género y agresiones sexuales: «Estos acuerdos han venido funcionando con plena satisfacción por parte de la Administración, las víctimas y la abogacía de la Comunidad, todo en beneficio de la sociedad».
