expedienteelectronicoEsta cifra supone un incremento del 28% respecto al año anterior en el uso de esta herramienta que agiliza el servicio, reduce trámites al ciudadano y ahorra costes a la Administración

Un total de 8.208 castellano-leoneses tramitaron su solicitud de Justicia Gratuita en 2012 a través del Expediente Electrónico de la Abogacía, cifra que supone un incremento del 28% respecto al año anterior en el uso de esta herramienta que agiliza el servicio, reduce trámites al ciudadano y ahorra costes a la Administración.

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita sigue incrementándose, ya que en 2011, fueron 6.417 personas las que utilizaron este servicio.

Esta herramienta, desarrollada por la Abogacía Española, agiliza notablemente el acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitando los trámites y permitiendo recopilar de forma segura y automática los documentos requeridos para justificar la solicitud del derecho a la Justicia Gratuita.

El Expediente Electrónico aporta transparencia en la gestión, elimina los errores del expediente administrativo, y reduce el coste económico y los plazos de tramitación hasta en 40 días.

El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, conecta ya a cerca de 70 Colegios de Abogados de todo el país de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, entre otras.

Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan 37.700 abogados a través del Turno de Oficio 365 días al año, 24 horas al día.

Castilla y León se sitúa en el puesto décimo tercero de las Comunidades Autónomas por número de expedientes generados, pero es la décima en la que más se incrementó el número de ciudadanos que eligieron este sistema.

NOVEDAD EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE JUSTICIA GRATUITA

El anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, elaborado por el Ministerio de Justicia, da respaldo a la labor tecnológica que la Abogacía ha realizado durante años en la tramitación electrónica de la Justicia Gratuita al incluir -como novedad con respecto a la normativa actual- la presentación telemática de la solicitud de reconocimiento este derecho.

Además se da rango normativo a la realización electrónica de comprobaciones por los Colegios de Abogados sobre la exactitud y realidad de los datos económicos de los solicitantes de Justicia Gratuita.

Los Colegios de Abogados ya recaban la información necesaria de la Administración Tributaria correspondiente, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles o cualesquiera otro cuya información pueda obtenerse por vía telemática que luego pasan a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, responsables de la concesión denegación de este beneficio; y esta actividad queda respaldada en la redacción del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

VENTAJAS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas al ciudadano, al abogado, al Colegio y a las Administraciones Públicas.

Al ciudadano se le facilita el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de documentos, ya que evita los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones necesarias.

La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.

Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión ya que reduce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.

Por último, las Administraciones Públicas mejoran y agilizan el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y eliminan los posibles fraudes optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión.