Los ciudadanos que alguna vez han acudido a un despacho de abogados en la región puntúan el trabajo de éstos con un 7,1, dos puntos por encima de la media nacional
Más de la mitad consideran que la situación del Estado de Derecho en nuestro país es peor que en los países más avanzados y califica de insuficientes los medios que el Estado dispone para la defensa jurídica de los ciudadanos
Abogados y empresarios comparten, según los castellano-leoneses, el noveno puesto entre las instituciones y organismos más valorados, los grupos sociales que inspiran más confianza, en un ranking de 24 por los que fueron preguntados.
Los encuestados de esta Comunidad Autónoma para el IV Barómetro de la Abogacía, encargado por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y realizado por Metroscopia, puntúan a los letrados (su trabajo, preparación y su trato) con un 7,1, -dos puntos por encima de la media nacional-, y con un 5 en el nivel de confianza que ofrecen, en una escala del 0 al 10, prácticamente al mismo nivel que los notarios, que obtienen un 5,2, y de forma más favorable que a jueces (un 4,8) y tribunales (un 4,5).
En opinión de los ciudadanos de la región, científicos, policía y militares, -con puntuaciones en torno al 7-, son los grupos sociales más confiables, seguidos de las ONGs, la Seguridad Social, las emisoras de radio -muy por encima de la prensa escrita, que se encuentra en la mitad de la tabla, o la televisión, que cae al puesto número 19-, y el Rey.
Cierran el listado, obteniendo las puntuaciones más bajas, los partidos políticos, sindicatos, el Gobierno y los bancos, que apenas superan el 3.
En estos tres últimos años, coincidiendo con los de la crisis económica, los ciudadanos han reducido su confianza en el Estado de Derecho, pasando a ser mayoría absoluta, un 51%, los que entienden que nuestro país vive una situación peor que la de otros en su entorno (frente al 30% del Barómetro anterior).
El estudio sociológico reconoce un descenso en la valoración de la Justicia con respecto a Barómetros anteriores. La mayoría de los encuestados en Castilla y León (un 58%) considera que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica de los ciudadanos son insuficientes o muy insuficientes y el 74% estiman que la Justicia funciona regular (un 28%), mal (un 35%) o muy mal (11%), calificándola de «anticuada» en un 55%.
Los resultados de la encuesta arrojan una opinión mayoritaria ciertamente mejorable, según la cual, una amplísimo porcentaje de ciudadanos, el 87% (tres puntos por encima de la media nacional) opina que la Justicia es tan lenta que siempre que se pueda, es preferible evitar acudir a ella.
Los castellano-leoneses creen en un 85% que su lenguaje y sus procedimientos son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio, y el 87% considera que necesita de una profunda y urgente reforma.
También los jueces despiertan susceptibilidades entre los encuestados. Sólo un 27% de los ciudadanos de Castilla y León consultados confían en su independencia a la hora de dictar sentencia. Y esa misma opinión les merece el Consejo General del Poder Judicial; un 61% cree que sus decisiones están mediatizadas políticamente y el 85% considera que debe cambiar.
Sin embargo, no todo es negativo: la ciudadanía piensa también, en su mayor parte (un 72% entre los encuestados en Castilla y León, cuatro puntos sobre la media nacional) que la Administración de Justicia, a pesar de sus defectos, constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades, y que los tribunales suelen dar finalmente la razón a quien la tiene.
Siete de cada diez castellano-leoneses piensan que la Administración de Justicia debería ser evaluada, en cuanto a su funcionamiento, como cualquier otro poder del Estado, sin embargo, los ciudadanos de la región que la eximen de ese control, calificándola como «un caso especial», son un 4% más que la media española.
Notable satisfacción con los abogados
Destaca entre los datos el altísimo porcentaje de ciudadanos de la Comunidad Autónoma que ha acudido en alguna ocasión a un despacho de abogados. Mientras la media española se sitúa en un 55%, en Castilla y León, quienes dicen haber acudido en alguna ocasión al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico son 63 de cada 100, un 8% más.
Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado, el grado de satisfacción de los castellano-leoneses con los servicios recibidos supera el del conjunto del país. Mientras, de media, los españoles puntúan el trabajo de sus abogados con un 6,9, en nuestra región la nota asciende al 7,1.
Destacan de modo especial la atención y el trato recibidos (que merecen una nota media de 7,8), así como la preparación técnica y el interés por el asunto (puntuados con un 7,4). Incluso el importe de los honorarios cobrados es evaluado de forma claramente positiva (6,3).
Por último, para un 80 por ciento de los castellano-leoneses, es necesario que, para poder ejercer, los abogados cuenten con formación adicional, lo que significa un amplio apoyo de los ciudadanos a la Ley de Acceso (que exigirá formación más allá de los estudios universitarios).
