Los abogados de Castilla y León piden una solución a los problemas que se están planteando con la implantación de la Nueva Oficina Judicial y que se definan claramente los objetivos y estrategias de futuro, en cuya decisión y desarrollo reclaman que se les dé participación.

El decano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado, solicitó, en el acto de clausura del II Congreso de la Abogacía castellano-leonesa que se celebró en Ávila a finales de la semana pasada, que se cuente con todos los operadores jurídicos para el desarrollo del modelo que definitivamente se adopte.

La entrada en vigor el 4 de mayo de 2010 de la reforma de las leyes procesales (Ley 13/2009, de 3 de noviembre) supuso el comienzo del despliegue de la Oficina Judicial, que se presentó como un nuevo modelo organizativo que rompería con la concepción clásica de juzgado para impulsar un nuevo sistema de gestión, apoyado en las nuevas tecnologías, con criterios de agilidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la racionalización del trabajo y la optimización de los recursos.

Su finalidad, en definitiva, era descongestionar y modernizar la Administración de Justicia, mejorando la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.

Sin embargo, desde su puesta en marcha el 10 de noviembre de 2010 con la entrada en funcionamiento de las Oficinas Judiciales de Burgos y Murcia, y en León el segundo trimestre de 2011, comenzó a comprobarse que la teoría no se transformaba en práctica, puesto que la NOJ ha sufrido importantes problemas técnicos, genera complicaciones de coordinación y no es lo operativa que se esperaba.

Entre las conclusiones del II Congreso de los abogados castellano-leoneses, destacan también los acuerdos respecto a la Justicia Gratuita. Por un lado, el rechazo al borrador de reforma de la Ley, que deja muchos cambios necesarios en el tintero, y por otro la recomendación a los Colegios de Abogados de la región para que sometan al juicio de sus colegiados la posibilidad de poner en marcha la libre elección del abogado de oficio, tras la positiva experiencia registrada en Ponferrada, que lleva años probando el sistema, con gran éxito.

La Abogacía castellano-leonesa recibe además con entusiasmo la figura de la mediación como solución alternativa para la resolución de conflictos. El Consejo considera que sin duda los abogados serán los profesionales mejor facultados para asumir ese reto. Asimismo, y en relación con esta materia, se aprobó una recomendación para que los Colegios de toda la región creen de forma urgente de Registros de Mediadores en materia civil y mercantil.

En cuanto al estado de la Justicia en Castilla y León, en comparación con la situación que atraviesan los juzgados y tribunales de otros puntos del entorno nacional, en general, puede calificarse de “positiva”, a pesar de la alarma generada por el Consejo General del Poder Judicial al dar a conocer su planteamiento respecto a la reforma de los partidos judiciales, -un proceso en el que los abogados consideran que deben participar todos los sectores del mundo jurídico, y no sólo la judicatura-, los recortes de financiación que amenazan a los operadores y medios del sistema, y el mejorable funcionamiento de la Oficina Judicial.