El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española rechazó, además, el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, del que forman parte el presidente del Consejo de Castilla y León, Fernando García-Delgado, y los 9 decanos de los colegios de la Comunidad Autónoma, aprobó en su última reunión un nuevo manifiesto sobre la aplicación de las tasas judiciales, mediante el que se opone taxativamente a la Ley «por su clara y evidente inconstitucionalidad», y denuncia que «ya se están produciendo violaciones del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia».
La Abogacía castellano-leonesa se suma a esa denuncia, a la que se añade la de la Ley Orgánica 8 /2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, que elimina prácticamente la figura de los jueces sustitutos, lo que, consideran, agrava aún más el problema de una ya denostada Administración de Justicia.
Asimismo, García-Delgado rechaza el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita «en cuanto pretende enmendar el craso error producido por la Ley de Tasas, destruyendo el equilibrio normativo que exige el Estado de Derecho».
La Abogacía seguirá con las acciones iniciadas en contra de la Ley y los actos que la desarrollan, -como la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprueba el modelo de autoliquidación de la tasa-, planteando los recursos judiciales que estén a su alcance o instando, ante cuantos estén legitimados para ello, la interposición del pertinente recurso de inconstitucionalidad.
García-Delgado insiste en la necesidad de que el Ejecutivo tenga en cuenta, en el proceso de elaboración de las normas, la voz y las aportaciones que desde colectivos como la Abogacía se pueden hacer «a las tan importantes como desastrosas reformas emprendidas, tanto en el ámbito de la Justicia, como en el de los Servicios Profesionales».
Por último, demanda «respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial», y apoya las reivindicaciones de la Comisión lnterasociativa que agrupa a las Asociaciones de Jueces y Fiscales, así como las movilizaciones acordadas.