Dos ponencias sobre la Justicia Gratuita y la Mediación engrosaron la mañana de la segunda jornada del Congreso de Ávila

Una reforma incompleta, e incluso “pírrica”, que disfraza de “racionalización” lo que en realidad, constituye una “inaceptable merma  de derechos del ciudadano, tratando de disuadirle mediante el establecimiento de trabas económicas y burocráticas, de acceder a la justicia para la defensa de sus derechos, al igual que ha ocurrido con las últimas reformas procesales”.

Así explicaron los intervinientes en la primera Ponencia del II Congreso de la Abogacía de Castilla y León que se celebra en Ávila su opinión sobre el borrador de reforma de la Ley de Justicia Gratuita remitida por el Ministerio, que apenas recoge una mínima parte de las exigencias de la Abogacía Española, y en ningún caso las de mayor importancia.

El diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Valladolid, Javier Martín, que actuó como ponente en la mesa que presidía el decano salmantino, Luis Nieto, sobre la Justicia Gratuita y en la que también participó Aníbal Fernández, consejero del Consejo castellano-leonés, se mostró partidario de mantener, e incluso incrementar, el nivel de exigencia y reivindicación de una mayor consideración a la trascendental labor que desarrolla la Abogacía, tanto a nivel institucional como a nivel profesional individual, en el modelo de justicia gratuita y en el turno de oficio.

No podemos olvidar que el derecho a la asistencia jurídica gratuita constituye una de las más altas expresiones del principio democrático y constitucional de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley y del derecho a la tutela judicial efectiva, y como tal, afirmó Martín, su regulación legal debe ser objeto de una reforma más intensa y profunda, que permita en todo caso garantizar la compensación económica de los profesionales intervinientes de oficio.

En su opinión, la reforma debería haber sido aprovechada para incluir la regulación del derecho a la Justicia Gratuita de las personas jurídicas o para clarificar algunos de los requisitos que se exigen para conceder el beneficio, como por ejemplo, lo que se considera “unidad familiar”, incluyendo las parejas de hecho no inscritas, o aclarando qué medios económicos deben ser computables.

En definitiva, opina la Abogacía castellano-leonesa, el borrador de propuesta de reforma pierde la oportunidad de actualizar y adaptar a la realidad social actual una Ley que ya tiene 16 años y muchas carencias.

Libre elección del abogado de oficio

Por su parte, Aníbal Fernández explicó el éxito de la experiencia piloto que se ha llevado a cabo en los últimos 5 años en Ponferrada con el sistema de libre designación del abogado de oficio en el turno civil, propuesta que surgió del primer Congreso de la Abogacía de Castilla y León, celebrado precisamente en esa ciudad en 2008.

El consejero del CRACYL destacó que esta iniciativa consigue igualar en derechos, señaló, a quienes carecen de medios con quienes sí disponen de recursos, puesto que tienen la posibilidad de elegir su letrado de la misma manera.

La asamblea del Congreso aprobó por unanimidad una recomendación del Consejo de la Abogacía de Castilla y León a los Colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma para que, dentro de su autonomía, convoquen a sus abogados del turno y les planteen la posibilidad de poner en marcha la iniciativa en sus circunscripciones.

Fernández afirmó que ningún abogado del turno de oficio civil de Ponferrada designado por un ciudadano ha rechazado la designación durante estos 5 años.

El sistema fue concebido, además, con ciertas correcciones que evitan la sobrecarga de trabajo para unos abogados y la carencia para otros. En base a estudios estadísticos, se había observado que cada abogado del turno de Ponferrada recibía una media de 3,2 designaciones al año, de forma que se estableció que cada abogado pudiera ser designado una vez por trimestre y como máximo 3 al año.

En estos 5 años, nunca se ha planteado el caso de que un abogado no pueda ser elegido por estar ya ocupado en ese trimestre, pero si así fuera, el ciudadano puede optar por segunda, tercera o cuarta designación.

Impulsar la mediación

La Abogacía considera la Mediación como una herramienta útil para la gestión del conflicto. Este fue el argumento de la segunda ponencia de la jornada en el Congreso, en la que intervinieron Ignacio Esbec, decano del Colegio de Abogados de Zamora, Arturo Almansa, consejero del CRACYL, Mauricio Muñoz, magistrado de la Audiencia Provincial de Burgos y el secretario de la Cámara de Comercio de Ávila, Francisco Isaac Pérez de Pablos, que analizó la normativa de  la mediación en el ámbito europeo y  su desarrollo  en España , consecuencia de la transposición de Directivas Europeas reguladoras de la materia, así como el papel de las Cámaras de  Comercio como instituciones de mediación.

Arturo Almansa planteó para el debate el papel  que corresponde a los abogados y a sus  colegios profesionales como  instituciones de mediación y cómo desde ellos impulsarla en asuntos civiles y mercantiles.

El consejero del CRACYL presentó algunas propuestas encaminadas  al  ejercicio  de la actividad mediadora, como la conveniencia de ofrecer a los colegiados que se sumerjan en el mundo de la mediación formación complementaria y  especifica, tanto inicial  como continua, para la  prestación del servicio de un modo eficaz y eficiente, que de  respuesta satisfactoria a los ciudadanos que  demandan la intervención de los abogados en los Métodos Alternativos para la Resolución de Conflictos.

En definitiva, expuso, “se trata de establecer  tres ejes en el desarrollo  de la actividad mediadora: formación, publicidad y registro y aseguramiento de la actividad”.