– La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha asistido al encuentro conducido por el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo
– El CACYL recorre cada verano las distintas provincias de Castilla y León para celebrar el último pleno antes del periodo inhábil de agosto en Justicia
– El alcalde de Benavente ha ofrecido una recepción a los consejeros en el Ayuntamiento de la localidad
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha celebrado este viernes en Benavente (Zamora) el último pleno de la institución antes del periodo inhábil de agosto en Justicia. La reunión, dirigida por el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, ha contado también con la presencia de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. Antes de dar comienzo el encuentro, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, ha ofrecido una recepción a los consejeros del CACYL en el Ayuntamiento de la localidad, que se ha cerrado con la entrega al alcalde de un cuadro de Zamora.
El pleno
El pleno del CACYL se reúne varias veces a lo largo del año, pero el encuentro que se celebra a finales del mes de julio sirve, además de para tratar los asuntos habituales, para hacer balance del curso que termina y enfocar el que comenzará el próximo mes de septiembre para seguir trabajando por el bien de la abogacía en la Comunidad.
La cita de este año en Benavente supone una vuelta a la normalidad en los plenos de verano del CACYL, que recorren cada año las diferentes provincias de la comunidad, después de la pandemia. En el año 2020 la reunión no pudo celebrarse de manera presencial y en 2021 se mantuvo un encuentro en Salamanca en el marco de las restricciones sanitarias.
La institución
El CACYL es una corporación de derecho público que representa a los nueve colegios de abogados de la Comunidad. La representación y la defensa de la profesión ante el Gobierno de Castilla y León y demás administraciones públicas son sus principales objetivos.
El Pleno del Consejo está constituido por los decanos de los nueve colegios de abogados de Castilla y León, además de un consejero designado por la Junta de Gobierno de cada colegio que supere los 600 abogados y otro consejero por cada fracción de 600 abogados más.
