• Más de 200 profesionales de la abogacía han debatido durante dos días en Valladolid para sentar las bases para la futura norma que sustituirá a la actual

 

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) secunda las conclusiones de las VIII Jornadas de Justicia Gratuita celebradas en Valladolid y reclama una nueva Ley de Asistencia Jurídica y Defensa Universal que contemple el pago homogéneo en todas las comunidades de todas las actuaciones realizadas por los abogados del turno de oficio por designación colegial o requerimiento judicial.

Estas jornadas han permitido reunir a más de 200 profesionales de la abogacía para debatir y sentar las bases para la futura norma que sustituirá a la actual de 1996 y cuyo contenido ya está negociando el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) con el Gobierno para mejorar las condiciones en las que se presta este servicio esencial.

En las conclusiones se señala que la nueva norma “debe respetar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita y tener en cuenta principalmente a la Abogacía que gestiona y presta el servicio”. Y destaca la necesidad de “homogeneizar para todo el territorio nacional un elenco mínimo de las actuaciones procesales y extraprocesales en las que intervienen los profesionales de la abogacía en materia de justicia gratuita que son susceptibles de contraprestación económica”. Además, se reclama que se fijen “criterios suficientes, sostenibles y equilibrados, sobre la financiación de este servicio público, de tal forma que cuenten con cobertura presupuestaria los costes del mismo”.

Y en ese sentido, se pide que se introduzca “el criterio de pago universal al profesional de la abogacía por el cual se garantizaría la contraprestación en todas las actuaciones realizadas por designación colegial -a través del turno de oficio- o por requerimiento judicial, y ello aun cuando el justiciable no sea acreedor del derecho a la justicia gratuita, o le sea denegado -y éste no haya abonado los honorarios del profesional-“.

La cuestión del incremento de los baremos se recoge también, ya que se pide que se introduzcan criterios “para la actualización de las compensaciones y pagos que al menos contemplen las modificaciones del IPC anual”. Del mismo modo, se reclama que se amplíen los servicios de asesoramiento jurídico inicial y gratuito a determinados sectores, como a las mujeres ante cualquier supuesto de violencia, a presos, inmigrantes y supuestos de protección internacional.

Dos días de debate

Estas conclusiones han sido elaboradas tras dos días de intensos debates, en los que se han abordado en detalle las cuestiones fundamentales de la asistencia jurídica gratuita como los requisitos, competencias y procedimientos para el reconocimiento de este derecho, los servicios de asistencia letrada, las subvenciones y el papel del abogado y procurador en los servicios del Turno de Oficio.