El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha reunido este viernes en Valladolid a los responsables del turno de Oficio de los nueve colegios de Castilla y León para abordar la situación de la Justicia Gratuita en la Comunidad y de los profesionales de la abogacía adscritos a este servicio. El CACYL realiza periódicamente reuniones temáticas de los responsables de colegios para trabajar por una estrategia común entre todos los colegios de Castilla y León. La reunión ha estado encabezada por el presidente del CACYL, Julio Sanz, y dirigida por el presidente de la Comisión del Turno de Oficio, Javier Martín.

Entre los temas abordados se encuentra la situación de los diversos criterios de las Comisiones Provinciales de Asistencia Jurídica Gratuita. «Cuando nos reunimos la última vez, nos sorprendió comprobar que existían diversas interpretaciones maneras de aplicar la ley. Por ejemplo, con una misma situación económica y familiar, en una provincia se le concedería el beneficio y en otra no, con el problema añadido de que no existe un órgano unificador de criterios», señala Javier Martín.

En este sentido, también han valorado la incidencia que la diversidad de criterios tiene en los profesionales de la abogacía, ya que en caso de denegación de la Justicia Gratuita el letrado no percibe cantidad alguna por la labor desarrollada. Con estas premisas, el CACYL busca el apoyo de los colegios para solicitar una reunión con las autoridades pertinentes para estudiar y promover la adopción de criterios que hagan sostenibles los servicios de justicia gratuita.

El encuentro de este viernes ha servido además generar grupos de trabajo para abordar y plasmar normativamente las exigencias históricas abogacía, y así impulsar la participación de la abogacía institucional en la tramitación y elaboración de la nueva Ley de Asistencia Jurídica. Entre ellas, la actualización de los módulos de compensación económica y de los gastos de infraestructura, el establecimiento de un sistema automático anual de actualización de dicho módulos, la garantía de cobro del profesional con independencia de la concesión del beneficio al ciudadano, el pago de la disponibilidad en todos los servicios de guardia, y la inclusión en los baremos de todas las actuaciones, procesos y procedimientos en los que intervine el profesional de la abogacía.