Un vídeo sobre la historia reciente de la Abogacía Española, realizado por Cristina Llop, presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, abrió el debate sobre “Diálogo intergeneracional”, moderado por el presidente de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, en el que participó la presidenta nacional del Consejo de la Abogacía, Victoria Ortega.
Las dos ponentes comentaron las imágenes de los entierros de los abogados asesinados en la calle Atocha de Madrid en 1977, acción criminal que supuso un antes y un después: “La reacción ante aquel crimen consolidó la conversión de España en un Estado moderno y de derecho y fortaleció la transición hacia la democracia y la libertad”, aseguró Victoria Ortega.
También recordó la presidenta nacional de la Abogacía que el Congreso nacional de abogados celebrado en León en 1970 fue histórico porque “supuso la desaparición de los tribunales especiales, sobre todo el TOP, y porque se aprobó el Estatuto de la Abogacía, en el que se recogieron criterios básicos como la independencia, la libertad y el secreto profesional”.
Cristina Llop, por su parte, se refirió a otros hitos importantes como la primera manifestación en la que los abogados salieron a la calle con sus togas, la protesta masiva contra las tasas judiciales o la sede del Consejo en Bruselas.
El acceso a la Abogacía y el funcionamiento del máster de práctica jurídica, como vehículo para acceder al ejercicio de la profesión, generó un intenso debate, con participación de abogados veteranos y alumnos del citado máster de la Universidad de León, en el que se cruzaron opiniones sobre el abuso del precio del máster, que en algunos casos puede acercarse a los cinco mil euros, y que una estudiante calificó de “claramente discriminatorio”; a la vez que denunciaba, asimismo, las desigualdades en virtud de si el máster se impartía en una u otra ciudad de España.
La presidenta de la Abogacía suscitó un último debate en torno a la polémica sobre Lexnet, la plataforma informática del Ministerio de Justicia que facilita la conexión entre todos los órganos judiciales. La presidenta pidió más apoyos para la formación y conocimiento de las nuevas aplicaciones y que el Ministerio se decida pronto a llegar hasta el final en su implantación. “Hay que acabar con la larga transición digital y que se consolide el uso de la herramienta del expediente digital”.
