El presidente del TSJ de Castilla y León aboga por acercar al ciudadano a los juzgados usando las nuevas tecnologías y por aprovechar las infraestructuras con las que ya cuenta la justicia
El fiscal superior pide que se limite el ejercicio de la acción penal, especialmente a las administraciones públicas y aboga por la desaparición de los jueces de instrucción
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción ha asegurado que España necesita “un nuevo modelo de demarcación judicial que contribuya a modernizar la justicia porque el actual no responde a las necesidades actuales de la sociedad”.
Concepción, quien participó en el II Congreso Regional de la Abogacía de Castilla y León con una conferencia sobre el estado de la Justicia en Castilla y León ha destacado que el actual borrador realizado por el Consejo del Poder Judicial es “la fase inicial de un proceso” que debe incluir la opinión de todos los colectivos implicados en la justicia.
El presidente del TSJ ha señalado que el nuevo modelo de demarcación judicial debe incluir cuestiones como “llegar al expediente digital, la implantación de servicios externos tales como los gabinetes psicopedagógicos o los servicios de atención al ciudadano, la optimización de recursos económicos o la comunicación telemática que implique una mejor comunicación entre el ciudadano y los juzgados a través de las nuevas tecnologías”.
José Luis Concepción ha afirmado que estar reorganización “no debe, en ningún caso, suponerla desaparición de las cabeceras de partidos judiciales” y ha abogado por “mantener las infraestructuras existentes ya que manifiestan la presencia del poder judicial y garantizan el acceso de los ciudadanos a la justicia”.
Tras recordar que este último es un derecho constitucional, Concepción ha destacado que una opción a valorar podría ser la integración de los juzgados de paz en estas infraestructuras que, en muchos casos, “acaban de ser renovadas”.
Por su parte, el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, ha reclamado “más competencias en materia penal para el Ministerio Fiscal” en relación con la nueva Ley de Enjuiciamiento Penal que el Gobierno de España está redactando y de la que ha afirmado “sólo conocemos filtraciones”.
Martín Granizo ha insistido, durante su intervención en el II Congreso de la Abogacía de Castilla y León en que “debe limitarse el ejercicio de la acción penal”, especialmente en el caso de las administraciones públicas, ya que, en su opinión, esta limitación “frenaría la politización de la justicia” al tiempo que simplificaría muchos procedimientos ya que “las administraciones públicas ya disponen de un órgano público que puede ejercer la acción penal, que es precisamente el Ministerio Fiscal”.
De acuerdo con la nueva legislación en materia penal el fiscal asumirá la instrucción en materia penal, con lo que, según el fiscal superior, “debe desaparecer la figura del juez de instrucción que es una figura anacrónica e inconstitucional”.
