- El presidente de la Abogacía de Castilla y León destaca el papel esencial de los abogados, la claridad en la justicia y los nuevos retos tecnológicos en un acto académico que reconoce la excelencia de estudiantes y egresados
Fernando Rodríguez Santocildes ha sido el encargado de impartir la conferencia inaugural del acto académico organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de León con motivo de la festividad de San Raimundo de Peñafort, celebrada en el Aula Magna San Isidoro del Rectorado. La jornada ha reunido a autoridades académicas, representantes institucionales y comunidad universitaria en un programa que ha incluido también la entrega de premios a los mejores expedientes, reconocimientos de entidades colaboradoras y la ceremonia de graduación de los estudiantes de Derecho y másteres vinculados a la abogacía y la ciberseguridad.
Durante su intervención, Santocildes ha centrado su análisis en el alcance de la nueva Ley Orgánica del Derecho de Defensa, subrayando que “no es una ley gremial, no es una una ley para la abogacía como pudiera pensarse, sino para la ciudadanía”, y destacando que supone un refuerzo estructural de las garantías del artículo 24 de la Constitución. En su opinión, la norma ha consolidado el derecho de defensa como eje del Estado de Derecho y ha situado a España en una posición pionera en Europa al dotarse de una regulación integral de este derecho fundamental.
Justicia comprensible
El presidente de la Abogacía de Castilla y León ha puesto especial énfasis en la necesidad de que la justicia sea comprensible para la ciudadanía, recordando que “La justicia que no se comprende no es justicia”. En este sentido, ha defendido el papel de la abogacía como intermediaria imprescindible entre el lenguaje técnico del Derecho y las personas, garantizando que el ciudadano entienda los procedimientos, sus derechos y las consecuencias de cada decisión jurídica.
Santocildes también ha abordado el contenido material del derecho de defensa, recordando que, según la propia ley, este “comprende la prestación de asistencia letrada o asesoramiento en Derecho y la defensa de los intereses legítimos de la persona a través de procedimientos previstos legalmente, así como el asesoramiento previo al eventual inicio de estos procedimientos”. Asimismo, ha destacado la importancia de ese asesoramiento previo y de la asistencia jurídica gratuita como pilares para asegurar que cualquier persona, con independencia de sus recursos, pueda acceder en condiciones reales de igualdad a la tutela judicial efectiva.
En la parte final de su intervención, Santocildes se ha referido a los retos actuales del ejercicio profesional, desde la digitalización hasta la inteligencia artificial, advirtiendo de que “La prestación de servicios jurídicos no puede derivar en una despersonalización del derecho ni en una delegación acrítica en sistemas automatizados”. Asimismo, ha defendido que “El derecho de defensa no puede conocer de geografías ni de códigos postales: debe ser igual para todos, viva uno en una gran capital o en el último rincón de la provincia.”, en alusión a la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a la justicia en todo el territorio, una cuestión especialmente relevante en una comunidad extensa y con marcada dispersión poblacional como Castilla y León.
