El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) se adhiere a la petición que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha trasmitido al Ministerio de Justicia con el objetivo de su incorporación a la Comisión de Coordinación creada tras la publicación en el BOE de la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo. Dicha directriz está orientada a la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En dicha Orden, se encomienda al Ministerio de Justicia la coordinación de los servicios públicos prestados a través de los Colegios Profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita. En su artículo 2 se prevé la creación de una Comisión de Coordinación que actuaría sobre los servicios públicos prestados a través de los Colegios Profesionales que actúan en el ámbito de la Administración de Justicia y, en particular, el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita.
La Abogacía Española ha manifestado al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, entendiendo la legitimidad y oportunidad de dictar la disposición, su incomprensión y malestar tanto por el procedimiento desarrollado para dictar la medida como por no incluir al Consejo en la Comisión de Coordinación creada. Por ello, han exhortado al Ministerio a que proceda a considerar como miembro legítimo de la Comisión al CGAE, en representación de los 83 Colegios Profesionales de la Abogacía; y a no efectuar ninguna actuación, dictar resoluciones o disposiciones en materia de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita sin la audiencia y participación de la Abogacía Española.
