• El presidente del TSJCyL, José Luis Concepción, ha recalcado la «profesionalidad y eficacia» de los jueces y les ha animado a perseverar en su «actitud responsable». Ha emplazado además a los poderes Ejecutivo y Legislativo para que coloquen al Judicial en un plano de igualdad desde un punto de vista formal y material

El Palacio de Justicia de Burgos ha acogido esta mañana la apertura del Año Judicial 2019-2020 en Castilla y León, que ha contado con la presencia de cerca de 300 personas. Al acto, presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCyL), José Luis Concepción, han asistido el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL), Julio Sanz Orejudo, y la fiscal superior de la Comunidad, Lourdes Rodríguez.

Concepción ha destacado en su discurso la realidad que supone que España esté configurada como “un Estado políticamente disgregado, pero judicialmente integrado”. “Con las óptimas consecuencias que ello tiene y que ha podido evidenciarse en los últimos tiempos cuando la unidad de España ha sido puesta en peligro y cuando la desobediencia a la Constitución ha tenido que ser combatida con todas las armas que procura el Estado de Derecho”, ha concretado.

En este sentido, Concepción ha afirmado que “los ciudadanos, siempre interesados en la labor de la Justicia, en cuanto que a través de ella se ejerce el control de los otros poderes o se alcanza la seguridad jurídica siempre imprescindible en un Estado de Derecho, estarán de acuerdo con la fortuna de ese diseño y habrán sabido percibir recientemente el trabajo de los jueces españoles y el ejemplo de transparencia que ofrecen en su diaria labor”.

Profesionalidad y eficacia

El presidente del TSJCyL ha insistido en esta idea al señalar que “hoy, por fin, después del ejemplo que se ha dado al mundo entero, podemos decir que las críticas de opacidad y de lejanía que tradicionalmente se nos han dirigido pertenecen al pasado y que la Justicia española está por derecho propio a la cabeza de la de los estados constitucionales modernos”.

“El Juicio del Procés es sólo la punta del iceberg; debo decir que los casi seis mil jueces y magistrados que integran el Poder Judicial español trabajan con ahínco y ejercen su función jurisdiccional con profesionalidad y con eficacia desde su irrenunciable independencia”, ha sentenciado.

Asignatura pendiente

Al mismo tiempo, Concepción ha realzado la labor de los 330 jueces destinados en los órganos judiciales castellanos y leoneses. “Dan cada día un ejemplo de abnegación y de servicio pese a las condiciones desfavorables en las que la mayor parte desarrolla su trabajo”, ha dicho, antes de añadir, que las casi 200.000 resoluciones dictadas por ellos a lo
largo del pasado año (ocho mil más que el anterior), han estado dirigidas a “solucionar los problemas padecidos por los ciudadanos de nuestra tierra” y han supuesto “el necesario bálsamo que la sociedad tiene frente a la arbitrariedad y el exceso vengan éstos de donde vengan”.

El presidente del alto tribunal ha querido poner en valor por tanto su trabajo y les ha animado “para que perseveren en su actitud responsable desde el convencimiento de que su sacrificio resulta imprescindible para la pervivencia de la sociedad”.

Por último, Concepción ha emplazado a quienes tienen la responsabilidad ejecutiva y legislativa en nuestro Estado para que “acaben, de una vez por todas, por colocar al Judicial en un plano de igualdad en relación con los otros dos Poderes, tanto desde un punto de vista formal como desde la perspectiva de los medios, y se alcance ese necesario consenso entre todas las fuerzas políticas para aprobar definitivamente esa vieja asignatura pendiente de nuestra joven democracia que es la Justicia”.

Durante el acto, y en atención a los méritos alcanzados, cuatro mujeres han recibido por parte del Ministerio de Justicia la condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort: la Cruz Distinguida de 2ª Clase para María Pilar Rodríguez, secretaria de Gobierno del TSJCyL; y la Medalla del Plata del Mérito a la Justicia para Benita González y Luisa Ángeles García, ambas pertenecientes al cuerpo de Gestión Procesal con último destino en la Audiencia Provincial de Burgos, así como para María Encarnación Martínez Rodrigo, del cuerpo de Gestión Procesal del TSJCyL.